Cinco Entrenudos sobre los grandes incendios forestales.
Conservar también significa Gestionar
Al terminar el Entrenudo anterior llegábamos a una conclusión que, quizá, no resulte tan evidente como parece: los grandes incendios forestales empiezan mucho antes de que aparezca la primera llama. Empiezan cuando cambia el paisaje, mucho antes de que aparezca el humo
Pero ese cambio del paisaje coincidió con otro proceso igualmente importante: cambió también nuestra forma de entender la naturaleza. Durante buena parte del siglo XX la principal amenaza para muchos espacios naturales españoles era la propia actividad humana. La transformación agrícola intensiva, la urbanización, la construcción de infraestructuras, la desaparición de humedales o la regresión de numerosas especies justificaron un cambio profundo en la forma de entender la conservación.
Aquella respuesta fue necesaria. La aprobación de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales, la incorporación de las Directivas Aves y Hábitats de la entonces Comunidad Europea y, posteriormente, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, consolidaron un nuevo modelo basado en la protección de especies, hábitats y espacios naturales.
España dio un salto extraordinario en este ámbito. Hoy es el país de la Unión Europea con mayor superficie integrada en la Red Natura 2000, que abarca aproximadamente el 27 % del territorio terrestre nacional. Muchas especies y numerosos hábitats disponen hoy de un nivel de protección impensable hace apenas cuarenta años.
Sería injusto no reconocerlo. La conservación ha sido, probablemente, una de las grandes políticas ambientales de las últimas décadas.
Sin embargo, mientras evolucionaba la legislación también evolucionaba el propio territorio. Las amenazas que motivaron aquellas leyes siguen existiendo en muchos lugares, pero junto a ellas han aparecido otras nuevas. Una de las más importantes son los grandes incendios forestales, capaces de transformar en pocos días ecosistemas que habían necesitado décadas para alcanzar su estado actual.
Y aquí aparece una pregunta que quizá hace treinta años apenas tenía sentido formular:
¿Es suficiente proteger un espacio natural o también es necesario gestionarlo para hacerlo más resistente frente a las nuevas amenazas? La respuesta no es tan sencilla como a menudo se presenta.
Fernando González Bernáldez ya había señalado que muchos de los paisajes de mayor valor ecológico de nuestro país eran el resultado de una larga interacción entre naturaleza y actividad humana. Aquella idea ayudaba a comprender que conservar un paisaje no consistía únicamente en proteger una fotografía del territorio, sino en mantener vivos los procesos que lo habían construido.
Quien revise la legislación española descubrirá que las normas no defienden una filosofía general de «no intervenir». Al contrario, hablan repetidamente de gestión, planificación, restauración, conservación activa y uso sostenible de los recursos naturales.
Entonces, ¿de dónde nace la sensación, compartida por muchos técnicos forestales y gestores del territorio, de que en ocasiones resulta difícil actuar preventivamente? Es más, esta sensación está también en la calle, en las conversaciones cotidianas, en tertulias de bar o durante un trayecto en autobús.
Probablemente la respuesta no deba buscarse en una única ley.
La protección jurídica, por sí sola, no garantiza la gestión.
La legislación ofrece herramientas para actuar, pero entre el texto legal y el monte existe un largo recorrido en el que intervienen la planificación, los procedimientos administrativos, la disponibilidad presupuestaria, la coordinación entre administraciones y la capacidad real de ejecutar las actuaciones previstas.
No significa que la conservación sea un obstáculo. Significa que gestionar un espacio protegido exige compatibilizar objetivos que, en ocasiones, pueden entrar en tensión.
José Antonio Díaz Pineda ha insistido en numerosas ocasiones en que los ecosistemas mediterráneos son sistemas dinámicos, sometidos continuamente a perturbaciones y procesos de cambio. Su conservación exige comprender cómo funcionan, no simplemente evitar cualquier intervención.
Las administraciones se solapan en diferentes direcciones lo que dificulta la buena aplicación o la pérdida de recursos en ocasiones por falta de coordinación, tanto en ámbitos particulares como en terrenos comunales. A todo ello se añade una cuestión menos visible pero decisiva: la disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos. Gestionar un monte requiere planificación, personal, maquinaria, seguimiento y presupuesto. En ocasiones existe la regulación normativa, pero falta el resto de los hitos de este camino.
Sin una financiación suficiente y estable, incluso las mejores estrategias de gestión acaban encontrando serias dificultades para llevarse a la práctica.
Imaginemos por un momento a un técnico responsable de un monte incluido en la Red Natura 2000. Sabe que una determinada masa forestal necesita un tratamiento selvícola preventivo antes del verano. Al mismo tiempo conoce la presencia de una especie protegida cuya reproducción podría verse afectada por esos trabajos. Su problema no consiste en elegir entre conservación y prevención. Su verdadero reto consiste en hacer compatibles ambas. Y quizá ahí resida una de las claves de este debate.
Durante muchos años la pregunta fue cómo proteger la naturaleza de determinadas actividades humanas.
Hoy debemos añadir otra: ¿Cómo protegemos esa misma naturaleza frente a perturbaciones capaces de destruir en unos días aquello que llevamos décadas intentando conservar?
No se trata de intervenir más por principio. Ni de intervenir menos para aumentar la conservación.
Se trata de intervenir mejor. Con mejor conocimiento científico. Con mejor planificación. Y sobre todo con procedimientos ágiles cuando exista una justificación técnica, con colaboración entre los diferentes actores públicos y privados. Y con una gestión capaz de adaptarse a un territorio que ya no es el mismo que dio origen a las primeras leyes de conservación.
Quizá la mayor enseñanza de estos años sea que conservar no significa inmovilizar el paisaje.
Significa mantener su capacidad para seguir siendo un ecosistema vivo.
Y eso exige aceptar que la buena conservación del siglo XXI no puede medirse únicamente por lo que consigue proteger, sino también por su capacidad para hacer que esos ecosistemas sean resilientes frente a los desafíos del futuro.
Como recuerda con frecuencia Fernando Valladares, conservar un ecosistema no consiste únicamente en mantener las especies que lo forman, sino también en preservar los procesos ecológicos que le permiten responder y recuperarse frente a las perturbaciones que sufre. Este objetivo es ahora el importante.
En otras palabras, conservar implica también mantener su resiliencia.
La siguiente pregunta surge de forma casi inevitable. Si ya conocemos cómo ha cambiado el paisaje y cómo ha evolucionado la conservación, ¿quién gestiona realmente ese territorio y con qué herramientas intenta hacerlo más resistente frente a los grandes incendios?
Ésa será la cuestión que abordaremos en el siguiente Entrenudo.
