Cinco Entrenudos sobre los grandes incendios forestales.
La gestión de la gestión
Cuando el último helicóptero abandona la zona, los retenes regresan a sus bases y las cámaras de televisión desaparecen, el bosque deja de ocupar el centro del debate público. Durante unos días hemos hablado de llamas, evacuaciones, carreteras cortadas, medios aéreos y hectáreas quemadas. Después llega el silencio.
Sin embargo, es precisamente entonces cuando comienza la historia del siguiente gran incendio.
No cuando alguien enciende una llama.
Mucho antes.
Cuando decidimos —o dejamos de decidir— qué hacemos con ese paisaje.
Gestionar un paisaje no consiste en luchar contra la naturaleza, sino en comprender cómo ha cambiado y cómo seguirá cambiando. Cada territorio posee una historia, una estructura y unas necesidades diferentes. Por eso no existen soluciones universales, sino principios comunes que deben adaptarse a cada paisaje.
En los Entrenudos anteriores hemos visto cómo el territorio español ha cambiado profundamente durante las últimas décadas. En muchos lugares ha aumentado la superficie forestal, se ha acumulado combustible y han desaparecido parte de los cultivos, pastizales, aprovechamientos y actividades humanas que componían el antiguo paisaje en mosaico.
También hemos comprobado que conservar la naturaleza no significa necesariamente dejarla inmóvil. Los ecosistemas son dinámicos y su conservación puede requerir actuaciones que mantengan su funcionamiento y aumenten su resiliencia.
Si ambas ideas son razonables, la siguiente pregunta resulta inevitable:
¿Ha evolucionado nuestra forma de gestionar el territorio al mismo ritmo que ha cambiado el paisaje?
Durante buena parte del siglo XX, el principal esfuerzo se dirigió a construir dispositivos de extinción cada vez más eficaces.
Era una prioridad incuestionable. Cuando el fuego amenaza vidas, viviendas o infraestructuras, la respuesta inmediata debe concentrarse en protegerlas.
Pero la experiencia acumulada fue demostrando que algunos incendios podían alcanzar intensidades frente a las cuales los medios disponibles dejaban de ser eficaces. Poco a poco comenzó a imponerse otra idea: la mejor extinción empieza muchos años antes de que aparezca el humo.
Buena parte de la evolución del sistema español de defensa contra incendios puede seguirse en los trabajos coordinados por el ingeniero de montes Ricardo Vélez, que ha contribuido a organizar y documentar la experiencia técnica acumulada en España. Muchas de las cuestiones que hoy consideramos urgentes —prevención, conocimiento del comportamiento del fuego, planificación y aprendizaje después de cada gran incendio— llevan mucho tiempo formuladas.
Ricardo Vélez lleva décadas recordándonos que cada gran incendio deja una enseñanza. El problema no es que falte conocimiento; el problema es que, con demasiada frecuencia, olvidamos las lecciones del incendio anterior antes de que llegue el siguiente.
Ese avance conceptual se reflejó en la Ley de Montes de 2003, que obligaba a las comunidades autónomas a declarar las zonas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores amenazados hicieran necesarias medidas especiales. Para esas Zonas de Alto Riesgo debían elaborarse planes de defensa específicos.
La lógica parecía clara: no todos los territorios presentan la misma vulnerabilidad y, por tanto, no toda la prevención puede planificarse de la misma manera.
La reforma aprobada mediante el Real Decreto-ley 15/2022 modificó este sistema, pero conviene explicar el cambio con precisión.
Las competencias forestales no fueron transferidas entonces a las comunidades autónomas, porque estas ya las ejercían. Tampoco desapareció necesariamente la zonificación del riesgo.
Lo que cambió fue el instrumento principal de planificación.
Los planes específicos vinculados a las antiguas Zonas de Alto Riesgo quedaron integrados en planes anuales autonómicos de prevención, vigilancia y extinción, que deben abarcar todo el territorio de cada comunidad e incluir la totalidad de las actuaciones previstas.
La reforma pretendía construir un marco común nacional, responder a un riesgo que ya no se consideraba exclusivamente estacional o localizado e integrar en un mismo instrumento la prevención, los dispositivos de vigilancia, los medios de extinción, la financiación y la identificación de puntos especialmente críticos.
La intención resulta comprensible: ampliar la mirada desde determinadas zonas hacia el conjunto del territorio.
Pero deja abierta una pregunta técnica que solo podrá responderse evaluando la aplicación real de los nuevos planes:
¿Una planificación autonómica más amplia conserva el mismo nivel de detalle, continuidad y prioridad sobre las áreas especialmente vulnerables, o existe el riesgo de que sus necesidades se diluyan dentro de un documento general?
No es una discusión menor. La calidad de un plan no depende solo de su ámbito territorial, sino de la precisión con la que identifica los riesgos, las actuaciones concretas que programa, el presupuesto que las respalda, su grado de ejecución y la continuidad mantenida entre campañas.
Una planificación integral puede representar una mejora importante. También puede convertirse en un documento administrativo insuficiente si no logra traducirse en actuaciones reales sobre el terreno.
La imagen de dos grandes escuelas enfrentadas —una partidaria de intervenir intensamente y otra defensora de no tocar el monte— no refleja bien el debate científico actual.
Existe un consenso considerable sobre una cuestión esencial:
Los paisajes mediterráneos necesitan gestión.
Las diferencias aparecen cuando se intenta concretar dónde, cómo, cuánto y con qué objetivos debe intervenirse.
Los trabajos desarrollados durante décadas por el ingeniero forestal Francisco Rodríguez y Silva contribuyeron a consolidar una visión estratégica de la prevención: modelizar el comportamiento del fuego, valorar la vulnerabilidad del territorio, priorizar las actuaciones y reducir el combustible allí donde la intervención pueda resultar más eficaz. Su enfoque no consiste en tratar uniformemente toda la superficie forestal, sino en utilizar el conocimiento técnico para decidir dónde los recursos preventivos ofrecen mayor beneficio.
Desde la experiencia docente, investigadora y operativa, Domingo Molina Terrén ha trabajado igualmente sobre incendios forestales, gestión sostenible y emergencias en el medio natural. Su aportación ayuda a comprender que la ordenación preventiva debe imaginar cómo se comportará un futuro incendio: por dónde podría propagarse, qué zonas facilitarían el trabajo de los equipos y qué puntos del territorio permiten modificar su comportamiento antes de que quede fuera de capacidad de extinción.
La ecología del fuego introduce otro matiz imprescindible. Juli G. Pausas recuerda que el fuego forma parte de la historia ecológica mediterránea y que para que exista un incendio deben coincidir ignición, combustible y condiciones que permitan arder. Por eso cuestiona las explicaciones que atribuyen los grandes incendios a una única causa: el clima influye, pero también lo hacen la vegetación, la disponibilidad y continuidad del combustible y el régimen histórico de incendios
Conviene introducir aquí un matiz importante. No todos los paisajes españoles responden al mismo modelo territorial. Existen grandes masas continuas de pino silvestre, como las de la Tierra de Pinares o la Sierra de la Demanda, donde sería artificial pretender reproducir un paisaje agrícola en mosaico como el de otras regiones. En estos casos la gestión no consiste en transformar completamente el paisaje, sino en adaptar las actuaciones selvícolas, reducir su vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta frente al fuego respetando la propia identidad ecológica de esas masas forestales. Ello puede implicar, por ejemplo, clareos selectivos para disminuir la competencia entre árboles, eliminación del combustible acumulado en el sotobosque, creación de áreas estratégicas de gestión que faciliten el trabajo de los equipos de extinción o la conservación de pistas y puntos de agua. El objetivo no es cambiar la naturaleza del bosque, sino aumentar su estabilidad y reducir la probabilidad de que un incendio evolucione hacia un gran incendio forestal.
Por su parte, Javier Madrigal, coordinador de riesgos forestales del CSIC, sitúa la gestión dentro de una mirada aún más amplia: los incendios son una perturbación con efectos ecológicos y sociales, y convivir con ellos requiere conocimiento, prevención, restauración y gobernanza. La reducción del combustible es una herramienta importante, pero no constituye por sí sola una política completa de paisaje.
No son posiciones incompatibles.
Representan diferentes escalas del mismo problema: la ingeniería ayuda a decidir dónde y cómo actuar; la experiencia operativa muestra qué necesita un dispositivo cuando el incendio llega; la ecología permite comprender cómo responde cada ecosistema; y la gobernanza intenta conseguir que todas esas piezas funcionen juntas.
El debate técnico no consiste ya en elegir entre gestionar o no gestionar.
Las preguntas son bastante más exigentes:
¿Qué debemos gestionar?
¿En qué lugares resulta prioritario?
¿Qué técnicas son adecuadas en cada paisaje? ¿Cómo medimos si las actuaciones han aumentado realmente su resiliencia?
La prevención tiene, además, un problema añadido: cuando funciona apenas ocupa titulares. Nadie abre un informativo porque un tratamiento selvícola realizado hace diez años haya contribuido a frenar un incendio. Sin embargo, esa gestión silenciosa constituye, probablemente, una de las herramientas más eficaces de que disponemos.
Las actuaciones preventivas pueden adoptar formas muy diversas. Los tratamientos selvícolas, las quemas prescritas, el aprovechamiento de la biomasa o la creación de áreas estratégicas de gestión forman parte de ese conjunto de herramientas. También la ganadería extensiva puede desempeñar un papel relevante. El pastoreo reduce parte del combustible fino, contribuye a mantener espacios abiertos y ayuda a conservar la heterogeneidad del paisaje. No constituye una solución universal ni resulta aplicable con la misma eficacia en todos los territorios, pero allí donde las condiciones lo permiten puede convertirse en un valioso aliado de la prevención.
El fuego no distingue entre un monte público y uno privado.
No sabe cuándo abandona un término municipal.
No reconoce la frontera entre dos comunidades autónomas.
Solo responde a la orografía, al viento, al estado de la vegetación y a la continuidad del combustible.
Sin embargo, el territorio sobre el que se propaga sí está dividido entre numerosos actores: Administración General del Estado; comunidades autónomas; diputaciones y ayuntamientos; propietarios privados; montes públicos; ganaderos y agricultores; empresas forestales; agentes medioambientales; servicios de prevención y extinción.
Cada uno posee competencias, intereses, conocimientos o responsabilidades diferentes.
Algunos técnicos consideran que la descentralización permite adaptar mejor las actuaciones a la realidad ecológica, económica y social de cada región. Otros advierten de que las diferencias presupuestarias, los criterios administrativos y la falta de continuidad pueden generar niveles de prevención desiguales frente a un fenómeno que no respeta esas divisiones.
Quizá ambas posiciones puedan compatibilizarse.
La gestión cercana al territorio puede mantenerse, al tiempo que se establecen criterios técnicos mínimos comunes, indicadores comparables, sistemas de coordinación, financiación estable y mecanismos que permitan compartir las buenas prácticas.
La pregunta más útil no parece ser si debemos centralizar o descentralizar la gestión.
La pregunta es:
¿Qué modelo consigue que todos los responsables trabajen de forma continuada sobre un mismo paisaje y con objetivos evaluables?
Los incendios de Pedrógão Grande de 2017, en Portugal, marcaron un antes y un después. Murieron 66 personas y el desastre obligó al país a examinar no solo su sistema de extinción, sino también la organización del territorio y la política forestal.
Los análisis posteriores no identificaron una causa única. Señalaron la interacción entre condiciones meteorológicas extremas, cambios en el uso del suelo, abandono rural, acumulación y continuidad del combustible, expansión de la interfaz entre viviendas y monte, deficiencias de coordinación y dificultades de gobernanza.
La lección portuguesa no es que exista un modelo perfecto que España deba copiar.
Es otra mucho más útil:
Cuando un incendio alcanza dimensiones catastróficas, revisar únicamente los medios de extinción resulta insuficiente. Es necesario examinar cómo está organizado y gestionado todo el paisaje.
Portugal comenzó a impulsar después de 2017 reformas orientadas a una gestión más integrada, aunque sus dificultades para transformar sobre el terreno un territorio muy fragmentado demuestran que aprobar nuevas estrategias no produce resultados inmediatos. El paisaje responde lentamente y exige continuidad política, económica y social.
Disponemos de conocimiento científico, profesionales cualificados, herramientas de planificación, técnicas selvícolas, quemas prescritas, pastoreo dirigido, modelos de comportamiento del fuego, cartografía y sistemas de información, y experiencias acumuladas durante décadas.
Las Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales en España, aprobadas en 2022, insisten precisamente en la gestión del combustible, la ordenación territorial, los paisajes en mosaico, la coordinación y la recuperación de actividades rurales.
Entonces, si el diagnóstico presenta un grado considerable de coincidencia y existen herramientas conocidas, ¿por qué cuesta tanto transformar ese conocimiento en una gestión mantenida sobre el territorio?
La respuesta probablemente no se encuentre en una sola causa.
Puede estar en la combinación de presupuestos insuficientes o inestables, procedimientos administrativos lentos, competencias superpuestas, fragmentación de la propiedad, escasa rentabilidad de los aprovechamientos, falta de población activa en el medio rural, dificultades para programar intervenciones durante años y una política pública demasiado condicionada por la urgencia de cada verano.
Probablemente exista hoy un consenso técnico mucho mayor de lo que a veces transmite el debate público. El reto ya no consiste tanto en descubrir qué debemos hacer, sino en conseguir hacerlo de manera continuada durante décadas.
Ninguna explicación de los grandes incendios actuales estaría completa sin analizar otro de los factores que más aparece en el debate público: el cambio climático. ¿Qué sabemos realmente sobre su influencia? ¿Actúa por sí solo o sobre un paisaje que ya había cambiado profundamente?
Será el objeto del próximo Entrenudo.
