¿Quién garantiza las garantías?
Hay asuntos que uno cree entender hasta que se detiene a mirarlos. A mí me ha ocurrido con los presupuestos del Estado. Pensaba que solo podían prorrogarse una vez y que, después, el Gobierno tenía que presentar unos nuevos. He comprobado que no es así: la Constitución prevé la prórroga sin establecer ese límite. Pero también obliga al Gobierno a presentar las nuevas cuentas ante el Congreso. Una cosa no elimina la otra.
La prórroga me parece razonable. El Estado no puede dejar de funcionar porque unas cuentas no lleguen a aprobarse. Hay servicios que mantener y obligaciones que atender. Lo que me cuesta aceptar es que esa continuidad sirva, en la práctica, para dejar pendiente durante años, la presentación de los presupuestos.
La ley de presupuestos es, a mi juicio, la más importante del año: de ella depende qué actuaciones se impulsan en cada área y cuáles se dejan de lado. Lo que venga después estará condicionado por esas decisiones. No es un asunto baladí.
No es lo mismo presentarlos y que los diputados los rechacen que no presentarlos. En un caso hay una propuesta, un debate y una decisión. En el otro, ese debate ni siquiera llega a producirse.
Mi primera reacción fue pensar que no existía ninguna garantía para impedirlo. Al seguir investigando he tenido que corregirme: el Tribunal Constitucional admitió a trámite el 24 de febrero de 2026 un conflicto planteado por el Senado precisamente sobre la falta de presentación de presupuestos y el uso de las prórrogas. Admitirlo no significa haberlo resuelto, pero demuestra que existe una vía para discutir jurídicamente esta situación.

Más de siete meses después, al escribir estas líneas, no he encontrado una sentencia publicada que resuelva el asunto. Las Cámaras ya están disueltas y la legislatura ha terminado sin que el Gobierno haya presentado ante el Congreso un solo proyecto de presupuestos. No hablamos de unas cuentas rechazadas por los diputados, sino de un debate que no llegó a celebrarse. Esto no es admisible a mi modo de ver y debería haber una garantía puntual y sin retrasos.
Una decisión del Tribunal podrá aclarar las obligaciones del Gobierno y servir para el futuro, pero ya no permitirá que aquellas Cámaras examinen y voten las cuentas que nunca recibieron. Esa es mi preocupación: durante toda una legislatura, los mecanismos de garantía existentes no han conseguido que se cumpla la obligación de presentarlas. Una garantía también necesita llegar a tiempo para ser eficaz.
Y aparece otra preocupación: la independencia de quien debe controlar. No puedo afirmar que una sentencia favorable a un Gobierno demuestre dependencia, ni que una contraria pruebe independencia. Sería una manera demasiado cómoda de juzgar: considerar imparcial al tribunal cuando coincide conmigo y sospechar de él cuando no lo hace.

Al mirar cómo se elige a los doce magistrados del Tribunal Constitucional, encuentro que cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Las dos Cámaras necesitan una mayoría de tres quintos, que exige un acuerdo amplio. Los mandatos duran nueve años y la renovación debe hacerse por tercios cada tres, es decir, cuatro magistrados cada vez. El presidente, por su parte, lo eligen los propios miembros del Tribunal. Son reglas pensadas para dar estabilidad y evitar que una sola institución decida toda su composición.
Pero también hemos visto retrasos en las renovaciones y controversias sobre los cambios en las reglas. En 2022 hubo una disputa sobre cómo renovar el Tribunal. Se cambió la ley para que el Consejo General del Poder Judicial pudiera proponer a sus dos magistrados aunque tuviera el mandato vencido. Esa reforma fue después avalada por el Constitucional. Más tarde se intentaron introducir otros cambios en las reglas de renovación dentro de una reforma y el Tribunal frenó provisionalmente su tramitación. No se discutía solo quién entraba, sino también cómo cambiar las reglas para hacerlo. Eso no demuestra que los magistrados dependan de los partidos, pero sí me hace preguntarme si su elección está suficientemente protegida de los intereses políticos.
Si confiamos a este Tribunal la defensa de las garantías, también necesitamos cuidar las garantías del propio Tribunal: respetar los plazos, exigir rigor en la selección y evitar que su renovación se convierta en una disputa por el control. La exigencia debería ser la misma, gobierne quien gobierne.
Para mí, el Estado de derecho no consiste únicamente en que las obligaciones estén escritas. También necesita medios para exigir su cumplimiento, incluso cuando cumplirlas resulte incómodo para quien ocupa el poder.
No digo que carezcamos de garantías. Me pregunto si son suficientes. Y considero que el Estado de derecho se debilita si una obligación constitucional puede incumplirse reiteradamente sin que los mecanismos de control consigan corregirlo.
Tal vez la cuestión no sea solo quién gobierna, sino quién garantiza que quien gobierna cumpla las reglas. Esa es mi preocupación principal: si las garantías que tenemos son suficientes o si, mientras confiamos en ellas, el agua se nos escapa entre los dedos.
