¿y ahora qué? Ceuta.

Mucho antes de que existieran España y Marruecos tal como hoy los conocemos, Ceuta ya ocupaba su lugar frente al Estrecho. Fenicios, romanos, bizantinos y distintos poderes musulmanes entendieron el valor de aquel puerto situado entre dos continentes y dos mares. Su historia no comenzó con una frontera moderna, pero esa frontera es hoy el escenario de una de las crisis más graves que ha vivido la ciudad.

El 21 de agosto de 1415, Juan I de Portugal conquistó Ceuta. La ciudad se encontraba entonces nominalmente dentro del sultanato meriní de Fez, aunque la autoridad del sultán era débil y las élites locales disfrutaban de bastante autonomía. Conviene aclararlo porque a veces se utiliza una frase demasiado rotunda: Marruecos no existía. No existía el Estado nacional marroquí actual, con sus fronteras e instituciones contemporáneas, pero sí existían sultanatos magrebíes que ejercían un dominio cambiante sobre el territorio y que las fuentes europeas relacionaban con Marruecos.

Durante los siglos XV, XVI y XVII se sucedieron los meriníes, los wattasíes, los saadíes y finalmente los alauíes. Portugal mantuvo Ceuta frente a distintos intentos de reconquista y amplió durante algún tiempo su presencia en la costa norteafricana. La ciudad permaneció portuguesa hasta que, en 1580, Felipe II fue reconocido también como rey de Portugal.

Aquella Unión Ibérica no fusionó los dos países: compartían monarca, pero Portugal conservaba sus leyes, sus instituciones y sus territorios. Ceuta seguía siendo portuguesa dentro de una monarquía común.

Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta no siguió la rebelión y permaneció fiel a Felipe IV. Sus relaciones económicas, militares y de abastecimiento con Andalucía tuvieron mucho que ver en aquella decisión.

El Tratado de Lisboa de 1668 puso fin a la guerra entre ambos reinos: España reconoció la independencia portuguesa y Portugal cedió y reconoció Ceuta, con su término, a la Corona española. Esa es la fecha jurídica más clara de su incorporación definitiva a España, aunque el proceso histórico había comenzado décadas antes.

También conviene entender qué ocurrió mucho después con el Protectorado. En 1912, Francia y España pasaron a controlar distintas zonas del sultanato marroquí. Un protectorado no era formalmente una anexión: el sultán y algunas instituciones continuaban existiendo, pero las potencias protectoras dirigían funciones esenciales como la seguridad, la administración y las relaciones exteriores. Ceuta y Melilla no formaban parte de aquellas zonas. Eran territorios españoles que lindaban con el Protectorado y servían de bases administrativas y militares, pero jurídicamente quedaban fuera de él.

Cuando Marruecos recuperó su independencia en 1956, primero de Francia y después de España, la declaración hispano-marroquí terminó el régimen protector y reconoció al nuevo Estado su diplomacia y su ejército. No cedió Ceuta ni Melilla. Marruecos comenzó, sin embargo, a reivindicarlas prácticamente desde aquel mismo momento, invocando sus fronteras históricas.

La reclamación marroquí no nació con la crisis de este verano, pero tampoco convierte a Ceuta en un territorio pendiente de descolonización: no figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas y su pertenencia a España está reconocida por el ordenamiento constitucional y por su Estatuto de Autonomía.

Esta historia no explica por sí sola lo sucedido los días 30 y 31 de julio de 2026, pero permite comprender por qué lo sucedido afecta a algo más que a la política migratoria. Afecta a una frontera española, a la relación con Marruecos y, sobre todo, a una ciudad cuyos habitantes sintieron que el suelo se movía bajo sus pies.

La crisis no apareció de improviso aquella mañana. Durante julio aumentaron los intentos de entrada por mar. En la semana inmediatamente anterior ya habían llegado alrededor de 1.700 personas, frente a unas 700 durante la precedente.

El 27 de julio, la Delegación del Gobierno mantuvo una reunión urgente con el Gobierno de la Ciudad, la Policía Nacional y la Guardia Civil para abordar el aumento de las entradas a nado, cada vez más preocupante.

El 29 de julio, el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil que circulaban convocatorias para intentar entrar en Ceuta al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí. Los grupos identificados reunían unos 180.000 seguidores. Aquella tarde, el CNI envió además una nota de alerta temprana a los servicios de inteligencia interior y exterior de Marruecos.

Por tanto, los avisos existieron. Lo que se discute ahora es qué valor se les dio, hasta dónde llegaron dentro de la cadena de mando y qué decisiones provocaron.

El Gobierno sostiene que nadie previó una avalancha semejante. Puede ser cierto que nadie imaginara el número, pero queda una pregunta difícil de evitar: si la presión llevaba días creciendo, se había celebrado una reunión urgente y el CNI había identificado una convocatoria masiva, ¿por qué la respuesta preventiva resultó insuficiente?

Los días 30 y 31 de julio, tal como advertían las convocatorias detectadas por el CNI, aunque en una magnitud que las autoridades aseguran no haber previsto, decenas de miles de personas atravesaron la frontera por mar, por la valla y por distintos puntos terrestres. Los primeros cálculos hablaron de dos o tres mil; poco después se estimaron unos 50.000 cruces y el balance posterior se situó alrededor de 70.000 con estimaciones que llegaron hasta los 80.000.

Según los balances publicados, la mayoría regresó paulatinamente a Marruecos, pero varios miles permanecieron en Ceuta. Las cifras cambiaron con tanta velocidad que cualquier relato honrado debe indicar siempre quién las ofrece y en qué fecha.

Primero entraron sobre todo jóvenes marroquíes, algunos menores, muchos a nado. Después llegaron grupos más numerosos por pasos terrestres, incluidas familias y personas subsaharianas. Las entradas continuaron durante el día 31. Al mismo tiempo se multiplicaron los rescates, los retornos, las atenciones médicas y la búsqueda de cadáveres. El número de fallecidos tampoco está definitivamente cerrado: los recuentos oficiales y los de las organizaciones humanitarias difieren, pero todos describen una tragedia.

Antes del día 30, Marruecos había interceptado a miles de personas. Durante las horas decisivas, sin embargo, la contención desapareció o resultó claramente insuficiente.

Los informes españoles hablan de pasividad, negligencia o incapacidad; algunos plantean incluso que determinados agentes pudieron facilitar el paso. Hasta ahora no existe una prueba pública concluyente de que el Gobierno marroquí organizara la operación. Sí está acreditado según fuentes consultadas que, durante un periodo crítico, las fuerzas marroquíes no contuvieron el paso.

Las fotografías de la entrada dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, lo que más me preocupa no cabe en una fotografía tomada durante unas horas. Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes. En dos días recibió un número de personas próximo al de toda su población. Aunque la mayoría regresara, el impacto no desapareció con ellas. Quedaron miles de personas en calles, playas, polígonos, instalaciones portuarias y campamentos improvisados; además quedaron los servicios públicos desbordados y queda una ciudadanía obligada a convivir durante semanas con una situación excepcional y preocupante. Me imagino, aquí a distancia, en una población pequeña como en la que yo vivo, duplicar la población sin lugar para alojamiento con gente sin recursos, dotarles de servicios que estarían totalmente desbordados y comprendo la desesperación del pueblo ceutí.

Para los ceutíes no ha sido un debate televisivo. Ha sido cerrar comercios, cambiar recorridos, ver patrullas militares y policiales donde antes transcurría la vida ordinaria, temer por los hijos y preguntarse si los servicios seguirían funcionando. Es un puerto convertido en zona de alojamiento, barrios enfrentados a la instalación de campamentos, escuelas infantiles que retrasaron su apertura y colegios que comenzaron el curso con vigilantes y medidas especiales de seguridad. La jornada escolar se reanudó al parecer sin incidentes, pero una escuela que necesita protección extraordinaria no ha recuperado todavía la normalidad.

La sanidad soporta otra parte del golpe. Estamos hablando de salud pública. El Gobierno asegura que reforzó el sistema con profesionales, vacunas y recursos, y que no se suspendieron consultas ni operaciones. Los trabajadores sanitarios y diversas organizaciones han descrito, sin embargo, una presión extrema, problemas de higiene, sarna, gastroenteritis y casos de tuberculosis. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: se han movilizado medios importantes y esos medios no han bastado para evitar una sobrecarga extraordinaria.

También se han producido delitos e incidentes graves: agresiones sexuales, enfrentamientos, lanzamiento de piedras contra agentes y militares, daños e incendios. Hay que contarlos sin ocultarlos, investigar a sus autores y exigir la respuesta judicial correspondiente. Pero convertir a todas las personas llegadas, o a una comunidad entera, en responsables colectivos sería tan injusto como silenciar lo ocurrido.

La seguridad de los ceutíes exige hechos, identificación individual y autoridad; no rumores que aumenten el miedo.

En las manifestaciones se han mezclado la defensa de la españolidad de Ceuta, la indignación contra el Gobierno, la exigencia de expulsiones y el temor a que la convivencia se rompa. Junto a ello, asociaciones vecinales y representantes de distintas confesiones han pedido serenidad y han colaborado en la emergencia. Ese esfuerzo de la propia ciudad merece ser contado.

Ceuta no es solo el lugar donde falló una frontera; es una comunidad que intenta no fracturarse mientras reclama ayuda.

Hay en todo esto una forma de abandono que resulta especialmente dolorosa. Durante años se proclama que Ceuta es España, pero cuando una crisis de esta magnitud cae sobre sus habitantes, la distancia con la península parece hacerse mayor. La empatía con los ceutíes no consiste únicamente en ondear su bandera. Consiste en comprender que llevan más de cuarenta días viviendo bajo una presión que ninguna ciudad española debería soportar sola.

Al otro lado del mismo drama están quienes entraron irregularmente. La entrada ilegal debe recibir una respuesta legal, y quien no tenga derecho a permanecer en España deberá ser retornado con las garantías correspondientes. Pero la irregularidad de la entrada no borra la condición humana de quien la protagoniza.

Entre los llegados hay adultos, familias, menores no acompañados, posibles solicitantes de asilo, personas enfermas y víctimas de redes que les hicieron creer que la frontera se había abierto.

Muchos arriesgaron la vida en el mar. Otros quedaron durante días sin alojamiento adecuado, expuestos al calor, la suciedad, la violencia y la enfermedad. Las mujeres y los menores afrontan riesgos específicos. El incendio que destruyó decenas de tiendas en el Tarajal, aunque no causó heridos y continúa bajo investigación, muestra hasta qué punto siguen viviendo en una provisionalidad peligrosa.

¿Ha sido deficiente la atención del Gobierno?

Los datos permiten una respuesta más matizada que un sí o un no. El Estado ha desplegado policías y militares, habilitado más de 3.300 plazas temporales, ampliado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), distribuido entre 3.000 y 4.000 comidas diarias, creado recursos específicos para mujeres y menores, reforzado la sanidad y la justicia y efectuado miles de retornos voluntarios y centenares de expulsiones. No se puede afirmar que no haya actuado.

Pero, a mi modo de ver, la respuesta fue tardía y sobre todo insuficiente para la dimensión del problema. Y sigue siéndolo. Durante semanas, las plazas disponibles no cubrieron ni siquiera la estimación estatal de quienes permanecían en Ceuta, mientras el Gobierno local elevaba mucho más esa cifra.

Los campamentos llegaron después de días de improvisación, el mando único solicitado por la Ciudad no se constituyó hasta el 25 de agosto y más de dos mil menores llegaron a depender de un sistema de protección concebido para una población muchísimo menor.

El Gobierno ha atendido algunos aspectos de la emergencia, pero no con la rapidez, la previsión y la capacidad que esta exigía. Por tanto, la percepción de una atención deficiente tiene fundamento.

No sé si esa insuficiencia responde únicamente a la magnitud de la crisis o también a problemas de coordinación dentro del propio Gobierno, pero es legítimo plantear la duda.

La situación de los menores exige especial cuidado. Marruecos pregunta por qué no se devuelve a quienes tienen familia al otro lado. La pregunta puede parecer sencilla, pero la respuesta jurídica no lo es. El Tribunal Supremo ya declaró ilegal la devolución colectiva de menores realizada en 2021. Cada caso necesita identificación, audiencia, comprobación familiar, garantías de recepción y una resolución individual conforme al interés del menor. La protección legal no es un capricho.

El Gobierno ha instalado una barrera flotante, reforzado la presencia policial y militar, creado alojamientos, enviado personal sanitario y judicial y puesto en marcha retornos. También ha aprobado un plan económico de 309 millones de euros y ha obtenido 114 millones de la Unión Europea. Son actuaciones reales, aunque parte del dinero y de las medidas aún estén pendientes de ejecución.

Las discrepancias sobre las ayudas destinadas a otras grandes emergencias españolas aconsejan prudencia. En la DANA de Valencia se discute qué debe considerarse ayuda, qué parte es inversión pública y cuánto dinero está ya a disposición de los afectados. El último balance oficial, cerrado el 31 de agosto de 2026, indica que se habían empleado 9.718 millones de los 16.600 millones movilizados: 8.066 millones en ayudas y subvenciones abonadas, 803 millones financiados o avalados y 848 millones ejecutados en actuaciones directas.

En La Palma, cinco años después de la erupción, siguen existiendo compensaciones y actuaciones pendientes. El Gobierno central sostiene que hasta diciembre de 2025 había aportado 1.237 millones de euros, cerca del 72 % del dinero público movilizado. Sin embargo, las administraciones canarias continuaban reclamando en julio de 2026 una transferencia estatal de 100 millones para la reconstrucción agraria.

El Real Decreto-ley de 8 de septiembre autoriza ahora a Canarias a destinar otros 100 millones de su propio superávit a las personas y entidades afectadas. La medida confirma que la recuperación continúa abierta y obliga a distinguir entre una transferencia del Estado y la autorización para emplear recursos autonómicos.

La experiencia de Valencia y La Palma obliga a diferenciar el dinero anunciado, el presupuestado, el transferido y el que finalmente llega a sus destinatarios. No se trata de negar el volumen de recursos movilizados, sino de comprobar cuánto se convierte en una ayuda efectiva y cuándo ocurre.

Volviendo a Ceuta, otras respuestas continúan en el terreno del anuncio: ampliar los espigones, instalar barreras permanentes, mejorar cámaras y drones, reforzar los sistemas de inteligencia, conseguir una presencia estable de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y movilizar cien millones adicionales.

No es lo mismo aprobar que pagar, prometer que construir, solicitar que recibir. La gravedad de Ceuta, como la de las emergencias anteriores, obliga a seguir cada compromiso hasta que se convierta en una realidad visible para sus habitantes.

El Gobierno español sostiene que no existía una alerta capaz de anticipar la magnitud de la entrada y que no hay pruebas de que Marruecos la organizara. La ministra de Defensa reconoció el 9 de septiembre que existieron avisos y defendió el trabajo de los profesionales del CNI, aunque asumió también la posición del Gobierno de que aquellas comunicaciones no permitían prever la magnitud final. La sucesión de sus declaraciones no resuelve la contradicción; deja abierta la pregunta sobre cómo se interpretaron y transmitieron los avisos.

Sus palabras me recordaron la actuación institucional durante la DANA de Valencia de 2024. El 1 de noviembre, preguntada por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asumieran tareas de seguridad frente a los saqueos, Robles afirmó: «No podemos pretender que el Ejército lo haga todo». La UME ya tenía 1.205 efectivos sobre el terreno el 30 de octubre, pero el refuerzo más amplio del resto de las Fuerzas Armadas llegó después: 500 militares se incorporaron el 1 de noviembre, otros 250 fueron anunciados para aquella tarde y el gran aumento del despliegue se produjo desde el día siguiente. Por tanto, no sería exacto afirmar que el Ejército estuvo ausente durante tres días, pero sí que el refuerzo general tardó en llegar durante unas horas decisivas, mientras buena parte de la población civil trataba de auxiliar a los afectados con medios domésticos, cubos y fregonas.

La Delegación del Gobierno y su propio jefe de gabinete ofrecieron versiones contradictorias sobre quién conoció la advertencia del CNI. Gonzalo Sanz, jefe del gabinete, dimitió el 11 de septiembre tras sostener que había trasladado el aviso al delegado del Gobierno. Su salida es, hasta ahora, la consecuencia política más clara de aquella contradicción.

El Gobierno de Ceuta afirma que llevaba días avisando y que llegó a pedir una respuesta urgente. Juan Jesús Vivas ha descrito lo sucedido como una invasión o una agresión y acusa a Marruecos, al menos, de haberlo permitido.

El Partido Popular habla de responsabilidad marroquí por acción u omisión y de ataque híbrido.

Vox reclama suspender el Tratado de Amistad y adoptar medidas fronterizas y militares mucho más duras.

Rabat niega cualquier implicación, recuerda su colaboración anterior y exigió el 10 de septiembre que España devolviera a los adultos y menores que permanecen en la ciudad.

La Audiencia Nacional investiga ahora si existieron delitos contra la integridad territorial, organización criminal, vulneraciones de los derechos de los extranjeros u homicidios imprudentes.

Las responsabilidades políticas tampoco dependen únicamente de que llegue a probarse una operación organizada desde Marruecos.

Un Gobierno debe responder también por cómo interpreta los avisos, cómo prepara sus fronteras y cómo protege a una población cuando la prevención falla.

¿Y ahora?
No soy experto en absoluto en relaciones internacionales y no pretendo resolver en este entrenudo, un conflicto que lleva décadas acompañando a España y Marruecos. Sí creo en la defensa de las fronteras de un Estado de derecho y en la integridad territorial de España. Precisamente por eso me preocupa que la situación de Ceuta pueda degradarse hasta un punto más difícil de reparar y afectar a la integridad territorial del país.

Pero antes de llegar a las grandes palabras están las vidas concretas. Los ceutíes tienen derecho a recuperar sus calles, sus colegios, sus comercios y su tranquilidad. Las personas que entraron tienen derecho a no ser abandonadas en condiciones indignas mientras se determina legalmente su situación. Defender una de esas afirmaciones no obliga a negar la otra.

Quedan preguntas que el Gobierno debe responder.

¿Por qué no se tradujeron los avisos en una preparación suficiente?

¿Por qué tardó casi un mes el mando único?

¿Qué ocurrió realmente durante las horas en que Marruecos dejó de contener la frontera?

¿Cuántas personas continúan en Ceuta?

¿Cuántos menores han sido trasladados o reunificados?

¿Cuánto dinero anunciado se ha convertido ya en ayuda efectiva?

Ceuta no puede ser española solamente en los discursos ni convertirse en una bandera que se agita mientras sus habitantes siguen viviendo angustiosamente dentro de la crisis. Defenderla significa proteger su frontera, exigir explicaciones, atender a su población y aplicar la ley también cuando hacerlo resulta difícil.

Lo demás —la responsabilidad política, la relación futura con Marruecos y el alcance de lo ocurrido— deberá discutirse con todos los datos sobre la mesa.

La solución es urgente. La ciudad no puede esperar a que termine la discusión.

Y como decía aquella, hasta aquí puedo leer.

Nota del autor

Este Entrenudo ha sido elaborado a partir de documentos oficiales y de la recopilación y contraste de informaciones publicadas por distintos medios de comunicación. Nace de la preocupación que me produce la situación de Ceuta y de la necesidad de ordenar los hechos para comprender personalmente mejor su alcance.

No pretende promover un debate partidista ni imponer una interpretación política. Su propósito es invitar a una reflexión más profunda sobre la gravedad del problema y sobre las soluciones que requiere. Unas soluciones que los ciudadanos de a pie podemos analizar, reclamar y valorar, pero que no tenemos la capacidad de ejecutar, pues corresponden a los gobiernos y a las instituciones responsables.

La selección de imágenes ha estado condicionada por la dificultad de encontrar fotografías recientes que, además de documentar los hechos con rigor y respetar la sensibilidad de las personas retratadas, contaran con una licencia que permitiera su publicación. Por este motivo, se han utilizado únicamente imágenes cuya procedencia, autoría y condiciones de reproducción han podido comprobarse, aunque no siempre fueran las que mejor reflejaban la dimensión de lo sucedido, salvo la del estrecho desde Tarifa que es del autor.